Compra pública ética

¿Qué es la Compra Pública Ética?

La Compra Pública Ética (CPE) hace referencia a los contratos públicos que introducen criterios éticos relativos al cumplimiento de convenciones internacionales y estándares sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de los trabajadores, lucha contra el trabajo infantil, dando preferencia en sus compras a aquellos proveedores y productos que apuestan por criterios o estándares más exigentes, como son los estándares de Comercio Justo.

Las nuevas modificaciones legislativas y el avance en el marco normativo actual  en materia de contratación pública permiten e incluso instan a la introducción de criterios sociales, ambientales, laborales y éticos en los contratos y compras de las administraciones públicas. En la Comunidad Valenciana, la norma más reciente en este sentido es la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social.

De esta manera se consigue que las decisiones de compra de la Administraciones Públicas no se basen únicamente en una cuestión de precio o capacidad técnica o económica sino que además se valore de forma positiva a las empresas y productos que garantizan una especial exigencia en materia de derechos laborales, eliminación de la explotación infantil, integración de personas en riesgo de exclusión, etc.

¿Por qué incluir la Compra Pública Ética en las contrataciones?

  • Gran peso en el mercado y poder de cambio. 

Las administraciones públicas son un actor activo del desarrollo sostenible e influyen mediante su toma de decisiones en el entorno social, empresarial y medioambiental. Hay que tener en cuenta que las compras públicas representan entorno al 20% del PIB en España  y un 14% a nivel europeo. Son porcentajes nada desdeñables que posicionan a las administraciones como agentes de peso en el mercado, con capacidad de influencia y de realizar cambios en el comportamiento de las empresas que contribuyan a una producción más ética.

  • Coherencia

La CPE se plantea como una cuestión de coherencia. Entre las funciones de las administraciones públicas están desarrollar políticas sociales, la promoción del empleo, garantizar condiciones laborales dignas, la inclusión social, la igualdad de género, etc., así como políticas tendentes a la conservación del medio ambiente y la disminución de la contaminación, entre otras políticas ambientales. Es por tanto coherente que en los contratos que celebran para la provisión de suministros o servicios, exijan unos requisitos mínimos o valoren aspectos que estén en consonancia con las políticas públicas sociales y ambientales que desarrollan.

Es una herramienta también para alcanzar la coherencia con las políticas de cooperación al desarrollo de los países donantes como España, como una cuestión básica de responsabilidad exterior de las administraciones públicas. A través del fomento, compra y contratación de productos de comercio justo las administraciones están colaborando en la reducción de la pobreza y de las desigualdades teniendo garantías de que las personas productoras, normalmente agrupadas en pequeñas o medianas cooperativas, han obtenido un salario digno por su trabajo, que las condiciones laborales han sido las adecuadas que se ha fomentado la igualdad entre hombres y mujeres y que se ha respetado el medio ambiente en su producción.

  • Reforzar el cumplimiento de los tratados internacionales

De esta manera, las administraciones establecen un mecanismo más para garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales a los que se han comprometido, como la Convención de Derechos Laborales de la OIT (OIT, 1998). Las cláusulas de tipo ético, que promueven el comercio justo, garantizan que se están cumpliendo esos compromisos al asegurar que los productos y  materias primas que proceden de países empobrecidos, han sido producidos respetando unas condiciones laborales mínimas, los derechos humanos, sin utilizar trabajo infantil y con el menor impacto posible en el medioambiente.

  • Ejemplo y referente

Por último, que las administraciones públicas adopten este tipo de cláusulas en su contratación, supone construir un referente y un ejemplo para otros sectores como el empresarial o la propia ciudadanía cuando está actuando como consumidora. Fomentan el consumo responsable y con ello promueven una conciencia crítica al exigir unos estándares básicos y mostrar su poder como consumidoras. Para el sector empresarial, supone un ejemplo de buenas prácticas que también las empresas y otras entidades pueden tener en cuenta, puede animar a que las empresas adopten un mayor compromiso por la responsabilidad social y a los ciudadanos y ciudadanas a incorporar comportamientos más sostenibles en su vida diaria.

¿Cómo introducir criterios de CPE en la contratación de las administraciones públicas?

Existen diversas guías y materiales dirigidas a las administraciones sobre como introducir criterios éticos dentro de sus contrataciones:

Se trata de una publicación original de La Tenda de Tot el Món enmarcada dentro de las actividades desarrolladas en el Proyecto “Compra Pública Ética. Introducción del Comercio Justo en los contratos administrativos y en las organizaciones sociales”, cofinanciado por la Generalitat Valenciana. Esta edición se realiza en el marco del convenio entre la Coordinadora Valenciana de ONGD con el apoyo de la Generalitat Valenciana, para el fomento del Comercio Justo y la Compra Pública Ética.

La Guía pretende ofrecer de forma clara y sencilla a los ayuntamientos, de poblaciones de cualquier tamaño, la posibilidad de iniciar un trabajo en la incorporación de criterios éticos en sus compras, y a través de esta vía su implicación en el desarrollo sostenible y en la consecución de un mundo más justo. Ya que el marco normativo es el mismo, también puede ser utilizada por otras administraciones públicas, universidades, así como por entidades sociales como ONGD, sindicatos, asociaciones culturales y sociales.

 

Para más información puedes ponerte en contacto con nuestra entidad en info@sipv.org o en el 965 21 82 39.